La Ley Federal de Juegos y Sorteos (LFJS) fue publicada el 31 de diciembre de 1947, la cual en su artículo primero prohíbe en todo el territorio nacional los juegos de azar y los juegos con apuestas, a excepción de: • El ajedrez. • Damas y otros semejantes. • Dominó. • Dados. • Boliche. • Bolos. • Billar. • Pelota en todas sus formas y denominaciones. • Carreras de personas, vehículos y animales. • Toda clase de deportes. • Sorteos. En el artículo 3, la LFJS menciona que le corresponde a la Secretaría de Gobernación la reglamentación, autorización, control y vigilancia de los juegos cuando en ellos medien apuestas de cualquier clase; así como de los sorteos, con excepción del de la Lotería Nacional. El 17 de septiembre de 2004 se creó el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos (RLFJS) con la finalidad de reglamentar las disposiciones de la Ley y dar competencia a la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) para autorizar, controlar, vigilar, tramitar y resolver los asuntos relacionados con el cumplimiento de la LFJS y el RLFJS. El 19 de octubre de 2012 se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, donde se adiciona que el permiso para la apertura y operación de cruce de apuestas en centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números y símbolos deberá otorgarse únicamente con relación a un establecimiento y por ningún motivo podrán operar diversos establecimientos bajo un mismo permiso. También se permitieron las máquinas tragamonedas a los permisionarios u operadores autorizados por la Secretaría de Gobernación de conformidad con el artículo 20 fracción I. El transitorio segundo de este Decreto menciona que los permisos vigentes otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto, se respetarán en los términos y condiciones en que hayan sido expedidos. El 23 de octubre de 2013 se publicó un nuevo Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en el cual se adiciona la figura de “Sorteo de números o símbolos a través de máquinas”, la cual consiste en una actividad en la que el participante, a través de un artefacto o dispositivo de cualquier naturaleza, sujeto al azar, realiza una apuesta, mediante la inserción de un billete, moneda, ficha o cualquier dispositivo electrónico de pago u objeto similar, con la finalidad de obtener un premio. También se permite que esta figura pueda adicionarse a los permisos previamente otorgados. Por último, destaca la eliminación de las máquinas tragamonedas para los permisionarios del artículo 20, fracción I del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su prohibición de manera general, con ciertas excepciones. En otro orden de ideas, resulta menester tomar en consideración que la última reforma efectuada al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos vigente fue la referida del año 2013, por lo que, a casi diez años, la realidad social se ha transformado y los esquemas de regulación establecidos anteriormente son obsoletos e ineficientes, lo que ha dado como resultado una falta de ordenamiento en la industria, generando incertidumbre jurídica en las y los actores que intervienen en ella. Actualmente hay 36 permisionarias que cuentan con 45 permisos para instalar centros de apuestas remotas y salas de sorteos. Los permisos se han ido otorgando por la Secretaría de Gobernación desde 1973 hasta el 2021. En dichos permisos se establece la cantidad de establecimientos o centros de apuestas remotas y salas de sorteos que cada permisionaria tiene derecho a instalar, así como la vigencia del propio permiso. De estos 45 permisos, 19 fueron otorgados previo a la existencia de una reglamentación (2004), los otros 26 fueron otorgados posterior al Reglamento. De la revisión de cada uno de estos permisos se ha determinado que hay aproximadamente 863 posibilidades de abrir establecimientos de los cuales se encuentran autorizados o en explotación 444, quedando todavía la posibilidad de instalar otros 408 centros de apuestas remotas y salas de sorteos. En estos permisos, existen condiciones discrecionales entre cada una, dependiendo el año en que fueron expedidos. De un estudio de estos permisos, se han observado diversos elementos en común que contienen cada una de las condiciones otorgadas: # Condiciones estipuladas en los permisos 1 Vigencia o término del permiso. 2 Participación a favor del Gobierno Federal. 3 Número de establecimientos para centros de apuestas remotas y salas de sorteos. 4 Entidad o ciudad para operar establecimientos. 5 Sistemas de apuestas y tipos de apuestas. 6 Requisitos específicos para apertura de establecimientos. 7 Mecanismos de propaganda y publicidad. 8 Condiciones específicas de operación. 9 Términos sobre las inspecciones o visitas de verificación. 10 Causas de revocación del permiso. Respecto a las vigencias en los permisos o sus anexos se encuentra lo siguiente: Vigencias en los permisos o anexos Vigencia mínima de un establecimiento 1 año Vigencia máxima de un establecimiento 75 años o ilimitada Respecto al pago de participaciones en favor del Gobierno Federal se identifican tres porcentajes de pago: Participaciones 0.25% 1% 2% Este factor ha producido incertidumbre a la sociedad mexicana y una desventaja entre los permisionarios, ya que las participaciones que deben pagar al Gobierno Federal fueron estipuladas en los permisos a lo largo de 53 años. En estos permisos, se estipularon participaciones distintas para cada permisionario sin un criterio uniforme. Sobre la cantidad de establecimientos a operar por permisionaria se identifica que ciertos permisos contemplan hasta 96 derechos para explotar establecimientos y hay ciertas permisionarias con la posibilidad de explotar 1 establecimiento. Estos permisos también han sido modificados a lo largo de los años a través de anexos que han cambiado las condiciones originales para otorgar nuevos beneficios a ciertos permisionarios. Estos anexos han permitido las siguientes modificaciones, a manera de ejemplo: • Posibilidad de abrir establecimientos en cualquier entidad de la República o en una entidad en específico. • Ampliar la vigencia o transformarla a ilimitada. • A partir de la creación del RLFJS en el año 2004, otorgar prórrogas por periodos subsecuentes de hasta quince años. • Modificar el porcentaje de pago de participaciones en favor del Gobierno Federal. • Reducir los requisitos para la apertura de establecimientos. • Ampliar los tipos o modalidades de juego con apuesta dentro de las salas de sorteos de números y símbolos como Black Jack, Black Jack Switch, Black Jack One Deck, Poquer, Draw Poquer, Poquer caribeño, Texas Bonus, Texas Hold´em, Texas Ultimate, Three Card Poker, Baccarat, Ruleta, Craps, entre otros. A través de la figura de “sorteos de números y símbolos a través de máquinas” se han permitido juegos con apuestas, que se entienden prohibidos por la LFJS al no ser contemplados en las excepciones del artículo 2 de esa misma Ley. El Estado mexicano tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, evitando los efectos potencialmente dañinos del juego con apuesta y azar que puedan impactar en la niñez, la adolescencia, la juventud del país y sus adultos mayores, así como el daño que se llegue a generar a las personas con discapacidad mental o psicosocial o aquellos que sufren alguna enfermedad o adicción, como lo es la ludopatía o el trastorno del juego. La ludopatía ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un trastorno caracterizado por la presencia de frecuentes y reiterados episodios de participación en juego de apuestas, los cuales dominan la vida de la persona en perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares. Esta conducta persiste y a menudo se incrementa a pesar de sus consecuencias sociales adversas, tales como la pérdida de la fortuna personal, el deterioro de las relaciones familiares y situaciones personales críticas. Actualmente no se cuenta con un censo que arroje información acerca de la cifra exacta de personas con ludopatía en el país, así como su prevalencia o la cantidad de recursos que destina el Estado para su atención; no obstante, de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Salud Mental emitido por la OMS en 2022, las consecuencias económicas de los trastornos mentales son enormes, pues las pérdidas de productividad y otros costos indirectos para la sociedad suelen superar con creces los costos de la atención de salud. En el ámbito privado, por ejemplo, se tiene conocimiento de que un tratamiento inicial para este trastorno de ludopatía oscila entre los $250 y los $260 000 por persona. En años anteriores, la Comisión Especial de Salud Mental y Drogas de la Cámara de Diputados estimó que la ludopatía puede afectar de 1 a 3.4% de la población y que, de manera particular, el panorama en México apunta a que al menos dos millones y medio, es decir, 2% de la población del país, presenta este trastorno. Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, tan sólo durante 2022, la DGJS sustanció más de 250 procedimientos administrativos sancionatorios, de quejas, reclamaciones e impugnaciones y, si bien es cierto que la Administración Pública Federal está obligada a gestionar los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, también lo es que estos recursos materiales, humanos, económicos y temporales son limitados, por lo que dichos procedimientos representan una carga administrativa considerable que se torna insostenible. Por otro lado, actualmente el artículo 30 del RLFJS permite la figura de “operadoras” que se definen como las sociedades mercantiles con las cuales el permisionario puede contratar o asociarse para explotar su permiso. Esta figura permite al permisionario explotar de manera conjunta la instalación y operación de uno o varios establecimientos o páginas web para centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números y símbolos. Al día de hoy existen 99 operadoras registradas. De los registros de los contratos de operación o cualquier denominación que se le ha puesto al instrumento jurídico entre la permisionaria y la operadora, se advierte que es un posible mecanismo de venta de un establecimiento del permisionario o la oportunidad de abrir uno en favor de la operadora. Con esto, ni la ciudadanía ni el Gobierno Federal tienen la certeza de quien es realmente la sociedad mercantil dueña del establecimiento. En ese contexto, 17 (47.2%) de las 36 permisionarias operan uno o varios de sus establecimientos físicos y virtuales a través de operadoras. Además, los cambios de domicilio que generan los establecimientos de centros de apuestas remotas y salas de sorteos de números y símbolos han generado incertidumbre a la sociedad mexicana respecto a si se trata de nuevas autorizaciones de casinos o si son permisos ya otorgados previamente. Actualmente, un permisionario que cambia de domicilio un establecimiento, debe cumplir con todos los requisitos de una nueva autorización, por lo que resulta innecesaria la figura de “cambio de domicilio”. Adicionalmente, en cada permiso o sus modificaciones se estipula las entidades de la república en las que podrá instalar un establecimiento.

Reglamento

La propuesta atiende directamente las dos prioridades en relación con los juegos y sorteos: la necesidad de regularizar el sector tras la existencia de un reglamento que permite actividades que no son previstas en la Ley Federal de Juegos y Sorteos; y el fortalecimiento a las capacidades de control y regulación de la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) para la debida fiscalización y vigilancia de las personas morales titulares de permisos federales en la materia. Sobre el primer punto, esta propuesta permite que la operación de la DGJS en cuanto al trámite, dictaminación y resolución de las solicitudes de los permisionarios se desenvuelva en un marco claramente delimitado y con menor espacio para la discrecionalidad. Es así que las personas servidoras públicas encargadas del estudio de las solicitudes contarán con mayor certeza para la realización de sus labores cotidianas. Lo anterior a su vez, permitirá que los trámites de la DGJS sean resueltos con mayor rapidez y contribuirá a reducir costos de operación para las personas morales cuya actividad empresarial depende de la autorización de actividades de parte de la DGJS. La regularización del sector respecto del tipo de actividades que se establecen en el artículo 2 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos elimina la obligación hacia la DGJS de operar en un contexto de imposibilidad material y jurídica para proponer reglamentación y mecanismos de control respecto de actividades y modalidades de juego no permitidas a nivel federal. Hasta que la Ley Federal de Juegos y Sorteos permita de manera explícita actividades adicionales a las ya señaladas en su artículo 2, la DGJS no podrá contar con los instrumentos suficientes para regular actividades no contempladas. En relación con el aspecto del fortalecimiento de las capacidades de la DGJS, existe un impacto positivo, tanto para la industria como para los consumidores de sus servicios, que se deriva directamente de la presente propuesta. Primeramente, la existencia de la figura del operador ha permitido que exista una segunda instancia de regulación donde la DGJS no tiene atribuciones para una correcta supervisión de la industria. Es así, que dicha figura ha introducido en el mercado de juegos y sorteos, una serie de incentivos negativos que han provocado que la industria crezca de manera desigual y en un ambiente de competencia desleal. Es así que el punto diferencial de esta propuesta frente a otras alternativas consiste en un mayor control de la industria a partir de las solicitudes y trámites que se atiendan una vez haya sido publicado el nuevo Reglamento. En segundo lugar, la posibilidad de retomar únicamente las actividades que explícitamente establece la Ley Federal de Juegos y Sorteos en su artículo 2 evitará la propagación de modalidades de entretenimiento que no se encuentran debidamente reguladas y que, por lo tanto, pueden ser proclives a inducir al engaño, el error o la confusión de parte de los consumidores. Si el Reglamento señala con claridad las modalidades de juegos y sorteos que son legales, los consumidores a su vez podrán tomar decisiones con información precisa para reducir al mínimo la posibilidad de estar expuestos a fraudes o engaños. Adicionalmente, el freno a la propagación de modalidades de juego no contempladas en la Ley Federal de Juegos y Sorteos facilitará una profunda supervisión y control respecto de los establecimientos con dichos juegos irregulares. Adicionalmente, se proponen cambios relacionados con la mejora regulatoria como la eliminación del cambio de ubicación o domicilio, para que únicamente existan las modalidades de solicitud de alta y baja de establecimientos para las actividades de Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos. Otras propuestas contribuyen a la facilidad para ejercer facultades de vigilancia de parte de la DGJS como la presentación de plantilla laboral y condiciones de trabajo, y el establecimiento de las participaciones serán determinadas por la Secretaría y sus lineamientos correspondientes. En conclusión, la propuesta de modificación al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos tiene impactos significativos en comparación con los costos que implicaría su implementación. Considerando además que la propuesta tiene como principal propósito la normalización del contenido de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, es que cualquier costo que implique su ejecución hacia la industria implicaría a su vez la operación de sus jugadores en un esquema no permitido por la Ley vigente y que, por lo tanto, no tiene razón de ser.

La propuesta de Iniciativa no contempla esquemas que impacten de manera diferenciada a sectores o agentes económicos; lo anterior, en virtud de que las personas físicas o morales que realizan las actividades reguladas en el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y que son sujetas de las obligaciones previstas en el mismo lo hacen en igualdad de condiciones. En razón de lo anterior se refiere el siguiente análisis: La clasificación de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en México depende de diversos factores: número de trabajadores, el monto de venta en millones de pesos, así como cierto porcentaje de sus ventas anuales. Su clasificación se puede considerar de la siguiente forma: • Microempresas. Son de todos los sectores y no deben tener más de 10 empleados y un monto máximo de venta es de 4 millones de pesos. • Empresas pequeñas. -En el sector de industria y servicios pueden tener desde 11 hasta 50 empleados y facturar hasta 100 millones de pesos. • Empresas medianas. -En el sector de industria el rango de trabajadores es desde 51 hasta 250, facturan entre 100 y 250 millones. Bajo ese contexto, es importante señalar que, para la obtención de un permiso para la instalación de centros de apuestas remotas y salas de sorteos, el solicitante deberá presentar balances generales, estados de aplicación de los recursos y un programa de inversiones, documentos que acrediten que dicha persona moral cuenta con una disponibilidad presupuestaria cuantiosa, ampliamente superior a los montos de facturación de las micro, pequeñas y medianas empresas. En consecuencia, toda vez que las pequeñas y medianas empresas no se encuentran relacionadas con la materia en cuanto a su dimensión, se considera que la regulación no origina un impacto a estos sectores económicos. Considerando que la propuesta concilia la existencia de autorizaciones previamente otorgadas a las permisionarias titulares de permisos federales en materia de juegos y sorteos con la normalización, no retroactiva, del contenido vigente en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, es que se concluye que no habrá impactos diferenciados a sectores o agentes económicos derivados de la propuesta.

Lo que se busca es armonizar el Reglamento con los preceptos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con la finalidad de cumplir con la esencia por la cual fue creada la Ley. La Ley Federal de Juegos y Sorteos prohíbe los juegos de azar y los juegos de apuestas, a excepción de los que expresamente permite en su artículo 2, para lo cual faculta a la Secretaría de Gobernación para reglamentar, autorizar, controlar y vigilar los juegos con apuestas y los juegos de azar, con el objetivo de evitar malas prácticas. De ahí que la publicación del Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas Disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos otorgue mayores beneficios que costos, ya que se protege el Estado de Derecho, otorgando seguridad y certeza jurídica. Los datos cuantitativos generados por la Dirección General de Juegos y Sorteos arrojan a la interpretación que la publicación del Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas Disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, permitirá la correcta vigilancia de los establecimientos, con lo que se eliminará la posibilidad de determinar la expedición y modificación de permisos según el criterio del funcionario en turno. Se obtiene certidumbre jurídica para identificar a los propietarios y socios de los establecimientos, la cual es de gran relevancia para asegurar que el sector involucrado cumpla con todos los requisitos normativos. Con esta Reforma se obtendrá un padrón claro y transparente de los permisionarios que operan establecimientos. Tanto el ramo de la industria como la ciudadanía tendrán la certeza de que la Reforma garantiza acciones regulatorias que implicarán el cumplimiento de los requisitos establecidos por el principio de gobernabilidad que sostiene la Ley. Se regula el correcto funcionamiento de los establecimientos y se obtiene un mayor beneficio social respecto de las autorizaciones para establecimientos, con base en la opinión favorable que emitan los ayuntamientos y la Dirección General de Juegos y Sorteos. Actualmente se cuenta con 36 permisionarios que poseen 45 permisos, mismos que amparan a 444 establecimientos, de los cuales 206 se encuentran realizando actividades con la figura de operadora. La operadora es una sociedad mercantil distinta al permisionario que celebra un contrato de operación con este último para la realización de las actividades de los establecimientos con base en el permiso otorgado a favor de la permisionario por parte de la Dirección General de Juegos y Sorteos. Permisionario y número de operadoras con las que tiene celebrado un contrato de operación El Palacio de los Números, S.A. de C.V.: 17 Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V.: 14 Operadora de Coincidencias Numéricas, S.A. de C.V.: 12 Producciones Móviles, S.A. de C.V.: 12 Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V.: 9 Juegos y Sorteos de Jalisco, S.A. de C.V.: 9 Espectáculos Deportivos de Occidente, S.A. de C.V.: 5 Petolof, S.A. de C.V.: 2 Promociones e Inversiones de Guerrero, S.A.P.I. de C.V.: 2 Cesta Punta Deportes, S.A. de C.V.: 1 Comercial de Juegos de la Frontera, S.A. de C.V.: 1 Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V.: 1 Impulsora Géminis, S.A. de C.V.: 1 Resto de permisionarios (24 con 32 permisos en total): 0 El beneficio de derogar la figura de operadora es que el permisionario sería el encargado directo de asumir sus derechos y obligaciones por cada establecimiento, en apego a su permiso, a la Ley Federal de Juegos y Sorteos y al Reglamento de ésta, por lo que dejaría de asumir la figura de intermediario entre Dirección General de Juegos y Sorteos y el operador. Lo anterior, a efecto de brindar mayor transparencia y certeza jurídica a los usuarios en el uso y goce de sus derechos ante problemáticas que se pudieran suscitar en los establecimientos autorizados. Se reduce la carga de los trámites en cumplimiento con las obligaciones de los permisionarios, con lo que se logran procesos internos más eficientes con respecto a las atribuciones de control y vigilancia que tiene la Dirección General de Juegos y Sorteos, apegadas a las actividades de juegos y apuestas que se encuentran permitidos por la Ley. Se frena la concentración de establecimientos en las entidades federativas y se recupera el control sobre el sector; también se disminuye el poder de mercado de los permisionarios que generan, de manera unilateral e ilegal, su propia regulación referente al uso y explotación de las oportunidades disponibles en sus permisos. Se identifican beneficios en el impacto social para la ciudadanía, ya que las nuevas aperturas de establecimientos dejarán de tratarse como meros cambios de domicilio para adecuarse a lo que realmente representan. Los beneficios derivados de la emisión de la propuesta regulatoria también incluyen asegurar el derecho de toda persona a la protección de la salud (por la disminución del trastorno de ludopatía), la disminución del desarrollo del juego ilegal practicado en territorio nacional y que ha generado afectaciones económicas sobre las personas. Para la estimación de los costos de los beneficios derivados de la propuesta de Decreto asociados al trastorno de ludopatía, se establecen los siguientes supuestos: Se toma como base la población de México del censo del año 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a la orden de 126,014,024 personas; La Comisión Especial de Salud Mental y Drogas de la Cámara de Diputados estimó que la ludopatía puede afectar de 1 a 3.4% de la población y que, de manera particular, el panorama en México apunta a que al menos el 2% de la población presenta este trastorno, es decir a la orden de 2,520,280 personas aproximadamente; Se estima que, en el ámbito privado, un tratamiento inicial para este trastorno de ludopatía es de alrededor de los $260,000.00 pesos y se estima que el mismo puede llegar hasta los $310,000.00 pesos, dependiendo el caso; Se considera una tasa de crecimiento medio de la población para México de 1.2%, de conformidad con los datos del INEGI para 2020; Conforme a lo anterior y considerando el dato del censo de 2020, se estima que la población en México para el año 2023 sea de 130,550,529 personas; En consideración del dato estimado de la población en México para el 2023 y tomando como referencia el dato del 2% de la población con problemas de ludopatía, se tiene un estimado de 2,611,011 personas con este trastorno para 2023; De acuerdo con lo anterior, se espera que con la emisión de la propuesta regulatoria la prevalencia de personas con ludopatía disminuya a 1.8%; Entre 2020 y 2023, sin la propuesta regulatoria se tendría un incremento de personas con ludopatía de 90,730 (2,611,011 correspondientes al 2% en 2023); con la implementación de la propuesta esta cifra baja a 79,641 personas (2,349,910 correspondientes al 1.8% en 2023), es decir, tenemos una disminución de 170,371 personas en el estimado de ludópatas en 2023 con la emisión del Decreto; De estas 79,641 personas, si consideramos que el 20% pudiera recibir un tratamiento, quedaría en 15,928 personas que tendrían un gasto de aproximadamente $310,000.00 pesos por persona, dándonos un agregado de $4,937,680,000.00 pesos. Por último, se evita que los usuarios se sigan enfrentando a prácticas abusivas o que fomentan, de manera reiterada, hábitos y conductas relacionadas con el juego no responsable. Los usuarios interactúan constantemente con máquinas, sistemas de apuestas y cálculo de pagos por probabilidades que no tienen una regulación y que podrían ser susceptibles de manipulación en su perjuicio. Se procura la transparencia y rendición de cuentas por parte de los permisionarios, con base en el permiso y en cumplimiento de obligaciones fiscales, a fin de mejorar la eficiencia recaudatoria de impuestos y participaciones destinadas a favor del Gobierno Federal.

Supervisando y vigilando el cumplimiento de los términos y condiciones consignados en los permisos de juegos con apuestas y sorteos, por medio de la designación de inspectores, realizando visitas verificación, expidiendo los finiquitos de permisos en sorteos e imponiendo las sanciones administrativas que correspondan. • Implementando programas de inspección y vigilancia de los eventos de juegos y sorteos, así como en los centros de apuestas remotas y salas de sorteos. • Tramitando todos los procedimientos administrativos y sancionatorios que deriven de juegos con apuestas y sorteos. • Clausurando los locales, abiertos o cerrados, en que se realicen juegos prohibidos, o bien, sorteos o juegos con apuestas que carezcan de permiso. • Suministrando información en una Base de Datos sobre Juegos con Apuestas y Sorteos. Verificando el registro de los ingresos por concepto de pago de participaciones.

La forma y los medios para evaluar los impactos de la propuesta se fundamentan principalmente en la Metodología del Marco Lógico plasmada en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La MIR es un instrumento de evaluación con periodicidad trimestral al interior de la Dirección General de Juegos y Sorteos y sus indicadores son sujetos a modificaciones en función de las observaciones de órganos auditores o por propuesta de las Direcciones de Área. Los indicadores de la Dirección General de Juegos y Sorteos se incorporan en la MIR del Programa presupuestario P001.- Conducción de la política interior, cuyo propósito se define como “El territorio nacional mantiene condiciones de estabilidad y paz social”; este aporta al fin de “Contribuir a la paz, Estado democrático y de derecho mediante la relación, el acuerdo y el diálogo entre los tres órdenes de gobierno, los actores políticos y sociales, así como los ciudadanos y sus organizaciones; fomentando la participación ciudadana libre y activa e incluyente”. De manera específica, los indicadores de la Dirección General de Juegos y Sorteos son, a nivel del componente Orden normativo de acuerdo a las facultades conferidas actualizado y verificado: “Porcentaje de solicitudes de permisos para Juegos, Sorteos y Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos, atendidas de acuerdo al orden normativo”, y a nivel de la actividad Identificación de actividades de juego ilegal: “Porcentaje de inspecciones a eventos de juegos y sorteos en apego a la normatividad” y “Porcentaje de verificaciones realizadas a Centros de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos”.

Si

En las referidas reuniones de trabajo, realizadas a través del intercambio de opiniones, argumentos y fundamentos respecto de la definición real de “sorteo”, se llegó a la conclusión de que el término “sorteo” tiene como principal característica el azar; lo anterior sin que medie algún tipo de apuesta sobre el sorteo, proponiendo los permisionarios de sorteos, que la naturaleza de un sorteo es incompatible con la definición de “sorteo de números o símbolos a través de máquinas” toda vez que, al incluir en dicho concepto específicamente como mecanismo de realización, la colocación de una apuesta a efecto de obtener un premio, por medio de un artefacto o dispositivo de cualquier naturaleza, mediante la inserción de un billete, moneda, ficha o cualquier medio electrónico de pago, se contraviene lo dispuesto por el artículo 1 y 2 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Como resultado de las diversas consultas realizadas a través de las reuniones de trabajo con los permisionarios de sorteos, se incluye como punto toral la derogación de los artículos 137 bis, 137 ter y 137 quater; en los cuales se establece y se regulan los sorteos de números o símbolos a través de máquinas, a efecto de actuar en congruencia con lo establecido por los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, así como de la definición y naturaleza de los sorteos y sus modalidades, regulados por la Dirección General de Juegos y Sorteos. Dicha determinación atiende a la similitud del concepto de sorteos de números o símbolos a través de máquinas, con la definición de máquinas tragamonedas, las cuales por disposición expresa del artículo 1 y 2 de la LFJS y 12 del Reglamento, se encuentran prohibidas en el territorio nacional.