En virtud de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, nos permitimos emitir los siguientes comentarios y observaciones respecto del anteproyecto de referencia, específicamente de su artículo Noveno, fracción IV:“Artículo Noveno. Además de lo previsto en el artículo Décimo del presente Decreto, dentro de las zonas de amortiguamiento del parque nacional Revillagigedo, queda prohibido: IV. Realizar actividades de aprovechamiento extractivo de flora o fauna silvestre, con excepción de la captura que tenga por objeto la investigación científica;” La prohibición establecida en el artículo anteriormente enunciado, representa una afectación directa a los derechos e interese del sector de los atuneros mexicanos, sino que además favorece a la vulneración de derechos y la puesta en peligro de la economía tanto del consumidor final, como de la nacional. Es importante reconocer la importancia tanto histórica, como social, cultural, de prestigio internacional y de contribución al desarrollo del país, de la pesca industrial del atún con red de cerco en la zona, en donde se pretende aplicar la política ambiental de declaratoria del ANP-PNR. La decisión concerniente a esta zona, que cuenta con 14 mil millones de hectáreas de área de exclusión de pesca en sus aguas circundantes, fue realizada sin haber hecho un estudio económico del impacto de la decisión tanto para el sector afectado con la decisión, el sector atunero, como para los costos económicos que representan al estado mexicano, la conservación de un área natural protegida con carácter de parque nacional. Costos que a lo largo del anteproyecto, no se han si quiera considerado como un asunto relevante dentro del mismo. Vale la pena mencionar que el área propuesta para abarcar el Parque Nacional comprenderá más de 14 millones de ha, una superficie equivalente al área de los estados de Sinaloa y Jalisco juntos. Dentro del anteproyecto, en ningún momento se consultó con la sociedad, ni con la industria principalmente afectada, respecto del impacto que una decisión de esta magnitud puede ocasionar. No se pueden tomar decisiones que trasciendan a la vulneración de intereses de una colectividad, que no solo genera ingresos considerables a la economía nacional a nivel macro, sino que no se tuvo en cuenta el impacto a las comunidades que viven de ésta industria, es decir, al ciudadano que labora y que genera ingresos a nivel micro económico, y que resultaría directamente afectado. La pesca industrial de atún con red de cerco, genera una importante cantidad de empleos permanentes directos en los estados ribereños del Pacífico, así como también indirectos a través de la demanda de servicios y productos para la industria en: Baja California, Sinaloa, Colima y Chiapas. Por cuanto el Estado en cabeza de la instituciones que actualmente toman decisiones, deben no solo analizar, sino consultar con la sociedad como una decisión de éste nivel puede generar un impacto a regiones vulnerables que requieren de intervención efectiva del Estado para salvaguardar sus interés económicos y sociales. Uno de los argumentos más importantes es la afectación al precio del atún. Éste producto, hace parte de la canasta básica de las familias mexicanas, mismo que tendría que soportar un incremento gracias al aumento del costo para la captura del atún y proveer la demanda del país. El área dentro de la cual usualmente se lleva a cabo la captura del atún, estaría restringida por tanto la industria tendría que idear nuevas formas de acceder a la materia prima, y una de ellas sería a través de la importación de atún al país. Con esta figura, si bien es cierto se estaría fomentando el comercio internacional, es ilógico pensar que se pretende favorecer a los atuneros extranjeros, dejando a un lado a la industria nacional, que cuenta con los recursos naturales suficientes para lograr satisfacer la demanda del producto. Finalmente, cabe mencionar que si logramos hacer un esfuerzo conjunto entre la industria atunera del país, la sociedad y las dependencias, para tomar decisiones que garanticen no solo la estabilidad de la industria, sino que además favorezca los intereses ambientales y sociales de las zonas naturales, podríamos unir esfuerzos y garantizar planes de desarrollo social sustentable que permitan la garantía de todos los sujetos involucrados. Atentamente, La Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable, A.C.