La disposición 26ª establece que para todas las Operaciones realizadas de forma no presencial se debe recabar la geolocalización del dispositivo originador. Dicha obligación resulta de imposible cumplimiento en diversos escenarios, tales como aquéllos en los que un usuario realice una transferencia a través del SPEI, toda vez que la entidad no recibe datos de geolocalización en ese contexto.